El trabajo más allá del humano: IA, automatización y justicia en la sociedad posthumanista
El progreso de la humanidad ha sido imparable desde sus inicios, y gran parte de ese avance se debe a la ciencia y a su consecuencia práctica: la tecnología. Pese al avance imparable de la tecnociencia, siempre ha existido una parte de la población que ha temido a las máquinas por el riesgo de que desplacen al ser humano (Esquirol, 2002). Ya durante la Revolución Industrial apareció el movimiento ludita, formado por obreros que se oponían a las máquinas que reducían sus posibilidades de trabajo. Estos movimientos no triunfaron porque, si algo es cierto, es que el progreso es imparable.
La diferencia con la actualidad es que el progreso ha aumentado de forma exponencial y, hoy, las personas trabajadoras perciben dos amenazas principales: por un lado, la automatización de la mayoría de los procesos; por otro, el surgimiento de la IA (inteligencia artificial), que presenta dos caras: la posibilidad de generar nuevos tipos de empleo y la posibilidad de destruir otros, dejando además a las personas emocionalmente desequilibradas al sentirse sustituidas por un robot (Bocîi y Ursua, 2023). Estas percepciones no describen una amenaza para la especie humana, sino la necesidad de adaptación a un ecosistema socio‑técnico en transformación.
El progreso tecnológico no puede abordarse ni desde la tecnofobia ni desde la tecnofilia, porque ambas posiciones son reactivas y no comprenden la dimensión ontológica del cambio. Tampoco resulta viable recurrir a la virtud aristotélica del término medio ni a soluciones “menos malas”. El progreso tecnológico tiene consecuencias éticas, ontológicas y metafísicas, y no puede ser analizado desde una ética meramente teleológica utilitarista, que históricamente ha sacrificado a muchos en nombre del bien común de unos pocos. Sería igualmente ingenuo aplicar una ética deontológica del deber, incapaz de responder a la complejidad del ecosistema socio‑técnico contemporáneo. La insuficiencia de estas aproximaciones obliga a desplegar primero la dimensión ontológica del cambio y, posteriormente, su dimensión metafísica.
Desde una perspectiva ontológica, la transformación tecnológica modifica las mediaciones a través de las cuales el sujeto aparece en el mundo. Durante la modernidad, el trabajo fue una de las vías principales —aunque no la única— para participar en los espacios donde se producía sentido y continuidad. En la sociedad posthumanista, esa función pasa a desempeñarla la red socio técnica, que articula procesos híbridos en los que la acción ya no es exclusivamente humana. La presencia del sujeto depende de su inscripción en los procesos donde hoy se configura la realidad compartida.
En el plano metafísico, el despliegue de sistemas no humanos altera la relación entre acción y existencia. La acción deja de ser un atributo exclusivamente humano y pasa a distribuirse entre agentes híbridos —algoritmos, modelos de decisión, infraestructuras inteligentes— que operan en el mundo sin requerir intervención directa del sujeto. Cuando la acción se externaliza hacia estos sistemas, ya no garantiza por sí misma la continuidad del sujeto en la realidad compartida. Por eso, la continuidad metafísica depende cada vez menos de ejecutar tareas y cada vez más de participar en los procesos donde la acción adquiere significado. Lo decisivo no es realizar la operación, sino estar incorporado en los espacios donde la operación produce sentido.
La redistribución de la acción entre agentes humanos y no humanos modifica la vulnerabilidad que afecta al sujeto. Esta reconfiguración ontológica y metafísica exige redefinir las obligaciones colectivas: ya no basta con garantizar el acceso al trabajo o a la formación, sino asegurar que cada persona pueda mantener presencia, continuidad y sentido en un entorno donde la acción operativa se desplaza hacia sistemas no humanos. A partir de aquí se vuelve necesario formular el marco ético de la sociedad posthumanista.
El marco adecuado debe apoyarse en una bioética, en una ética del cuidado y en una ética de la justicia que permitan avanzar a la sociedad sin ignorar a las personas. Para aplicar este marco ético es necesaria una visión posthumanista, porque en la sociedad posthumanista el trabajo deja de ser un atributo humano y se convierte en una propiedad distribuida del sistema socio‑técnico. Por eso, las libertades positivas deben garantizar integración cognitiva, dignidad y justicia para quienes no pueden ser nodos en la red.
En una sociedad posthumanista, la estructura social deja de organizarse alrededor del trabajo humano y pasa a configurarse como una red socio‑técnica donde distintos agentes —humanos, máquinas, sistemas algorítmicos— participan en la producción de valor (Latour, 2005; Braidotti, 2013). El trabajo deja de ser una actividad individual y se convierte en una propiedad emergente de la red, distribuida entre nodos con capacidades heterogéneas.
La teoría de redes permite comprender esta transformación (Latour, 2005). En un ecosistema socio‑técnico, cada nodo aporta un tipo de función: cálculo, supervisión, intención, coordinación, creatividad, mantenimiento, diseño. La IA y la automatización ocupan nodos de alta eficiencia y alta capacidad de procesamiento, mientras que los humanos ocupan nodos de intención, interpretación y sentido. Pero esta distribución no es simétrica ni garantizada: la red integra nodos en función de su utilidad para el flujo cognitivo, no en función de su biografía humana.
Esto implica que no todos los humanos podrán ocupar un nodo relevante en la red. Algunos quedarán en posiciones periféricas, otros serán desplazados por nodos artificiales más eficientes, y otros no podrán reconvertirse hacia funciones cognitivas avanzadas. La sociedad posthumanista, por tanto, no es un espacio de integración automática, sino un sistema donde la inclusión depende de la capacidad de cada nodo para aportar valor al conjunto (Braidotti, 2013).
Aquí es donde la ética del cuidado y la justicia adquieren su papel decisivo (Gilligan, 1982; Noddings, 1984). Si la red no es inclusiva por diseño, el Estado debe intervenir para garantizar que la exclusión tecnológica no se convierta en exclusión vital. Las libertades positivas deben asegurar acceso cognitivo, integración en nodos híbridos y protección de quienes no pueden ser absorbidos por la red. La justicia posthumanista no consiste en preservar el trabajo humano, sino en preservar la dignidad humana en un mundo donde el trabajo ya no es humano (Jonas, 1979; Rawls, 1971).
En este contexto, la ética de la justicia adquiere un papel central. La propuesta rawlsiana sigue siendo útil, pero debe reinterpretarse para un mundo donde el trabajo ya no es el eje de la vida social (Rawls, 1971). Rawls defendía que las instituciones deben garantizar libertades básicas, igualdad de oportunidades y protección de los más desfavorecidos mediante el principio de la diferencia. En una sociedad posthumanista, estos principios no desaparecen: se desplazan.
La igualdad de oportunidades ya no consiste en acceder a un empleo, sino en acceder a los sistemas cognitivos que estructuran la vida social. La protección de los más desfavorecidos ya no se refiere a quienes tienen peores trabajos, sino a quienes no pueden ocupar ningún nodo relevante en la red socio‑técnica. Y las libertades básicas deben incluir, además de los derechos clásicos, el derecho a la integración cognitiva, a la alfabetización algorítmica y al acceso a infraestructuras tecnológicas esenciales (Braidotti, 2013; Latour, 2005).
El Estado del bienestar, tal como se configuró en el siglo XX, se diseñó para sociedades donde el trabajo era la base de la ciudadanía (Esping-Andersen, 1990). En la sociedad posthumanista, ese modelo resulta insuficiente. El bienestar ya no puede depender del empleo, porque este deja de depender exclusivamente del trabajo humano. El Estado debe garantizar bienestar independientemente del trabajo, y eso implica una transformación profunda de sus funciones (Marshall, 1950; Jonas, 1979).
Las responsabilidades del Estado en este nuevo marco son claras. En primer lugar, debe asegurar la readaptación cognitiva de la población mediante programas de formación que permitan a los ciudadanos integrarse en los nodos híbridos de la red (Esping-Andersen, 1990). En segundo lugar, debe proteger a los marginados tecnológicos, es decir, a quienes no pueden reconvertirse ni competir con los sistemas automatizados. Esta protección no es caridad: es justicia distributiva aplicada a un ecosistema donde la exclusión tecnológica puede convertirse en exclusión vital (Rawls, 1971; Jonas, 1979).
Esta limitación no es una hipótesis especulativa, sino una tendencia ampliamente documentada en la literatura contemporánea sobre automatización, IA y sistemas algorítmicos. Diversos análisis muestran que la IA y la automatización no solo sustituyen tareas humanas, sino que pueden reducir de forma estructural la necesidad total de trabajo humano en determinados sectores, incluso cuando la población está formada y cualificada. Brynjolfsson y McAfee (2014) señalan que la automatización genera crecimiento económico sin un aumento equivalente del empleo, y Susskind (2020) argumenta que la capacidad de los sistemas algorítmicos para realizar tareas cognitivas complejas puede limitar la demanda de trabajo humano y abrir escenarios en los que, aun con altos niveles de alfabetización digital, parte de la población quede sin un papel funcional en el sistema. Sin embargo, como ya señalaba Esquirol (2002), el temor a que las máquinas destruyan el trabajo ha sido una constante histórica que nunca se ha cumplido: la tecnología no ha eliminado empleos de forma definitiva, sino que los ha transformado, aunque haya habido ciertos momentos de crisis.
La transformación tecnológica reconfigura las mediaciones que permiten al sujeto aparecer en el mundo. La red socio‑técnica se convierte en uno de los espacios donde se produce sentido y continuidad, y la presencia del sujeto depende de su inscripción en esos procesos. La exclusión ya no se define por la ausencia de trabajo, sino por la imposibilidad de participar en las mediaciones que articulan la presencia en la realidad compartida.
La externalización de la acción hacia sistemas no humanos altera la relación entre operar y existir. Cuando la operación deja de depender del sujeto, la continuidad ya no procede de ejecutar tareas, sino de permanecer vinculado a los procesos donde la acción adquiere significado. La metafísica posthumanista debe atender a esa continuidad: proteger la capacidad del sujeto para mantenerse integrado en los espacios donde se configura el sentido, incluso cuando la agencia se distribuye entre entidades híbridas.
Finalmente, el Estado debe garantizar que la liberación del trabajo humano —resultado directo del progreso científico y tecnológico— no se convierta en una nueva forma de desigualdad estructural. Si la ciencia ha producido tecnología para liberar al ser humano del trabajo, entonces la tarea ética no es preservar el empleo, sino asegurar que esa liberación no excluya a quienes no pueden ser nodos en la red (Braidotti, 2013; Latour, 2005). La justicia posthumanista consiste en proteger la dignidad humana en un mundo donde el trabajo ya no es exclusivamente humano.
Bibliografía
Bocîi, L.-S., y N. Ursua. 2023. “La inteligencia artificial y el impacto en el mundo laboral inteligente.” Eikasía Revista de Filosofía (118): 247–269. https://doi.org/10.57027/eikasia.118.744
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